El 17 de septiembre de 2026 tuve la oportunidad de participar como panelista en el evento titulado «Reformas económicas en tiempos de emergencia» organizado por el Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Aqui les comparto la ponencia que presente.
En junio de 2026 el gobierno cubano lanzó un paquete de medidas económicas (fueron en total 176 medidas) que a mi modo de ver constituye la reforma económica más profunda emprendida por la Revolución cubana.
Si medimos la profundidad por el grado de ruptura con el modelo económico anterior, las reformas del período 1959-1963 siguen siendo probablemente las más radicales, porque cambiaron la estructura de propiedad de la economía cubana mediante un proceso de nacionalizaciones, aplicación de la reforma agraria, desaparición de buena parte del sector privado nacional y la creación de la economía y planificación estatal.
Pero si dejamos fuera esa transformación revolucionaria original y analizamos las reformas posteriores a 1990 destinadas a hacer más funcional el modelo socialista sin abandonarlo formalmente, las 176 medidas de 2026 son las más profundas.
Lo novedoso no es simplemente el número de medidas, sino que varias de ellas afectan principios que han caracterizado el modelo económico cubano durante décadas.
Entre los cambios más significativos están:
- Mayor protagonismo al sector privado.
- Autorización de inversión extranjera directa en empresas privadas cubanas, algo cualitativamente diferente de la inversión extranjera tradicional asociada fundamentalmente a empresas mixtas con participación estatal.
- Creación de bancos privados, lo que rompe con el monopolio absoluto del Estado sobre la intermediación financiera.
- Mayor autonomía de las empresas estatales, incluyendo cambios en sus mecanismos de gestión.
- Autorización al sector privado a que haga transacciones en los mercados globales sin intermediación estatal, con lo cual se rompe el monopolio del Estado sobre el comercio exterior.
- Flexibilización de salarios, precios y relaciones laborales con el concurso del mercado.
- Eliminación del principio de subsidios a los productos, sustituyéndolo por el principio de subsidio a las personas.
- Mayor utilización de mecanismos de mercado en la asignación de recursos.
- Apertura al capital de cubanos residentes en el exterior y a extranjeros para la creación de nuevas empresas, que puede modificar sustancialmente la composición del empresariado nacional.
Es decir, no estamos ante una simple actualización del modelo económico cubano, sino ante un intento de modificar algunos de sus mecanismos económicos fundamentales.
Traigo a colación la expresión “actualización del modelo económico” para marcar diferencias entre lo anunciado en junio de 2026 y la reforma que comenzó a implementarse en el 2011 bajo el gobierno de Raúl Castro.
Las reformas iniciadas durante el gobierno de Raúl Castro a partir de 2011 buscaban fundamentalmente»actualizar» el modelo socialista, no sustituir sus mecanismos fundamentales. Se permitió una expansión importante del trabajo por cuenta propia, se estableció el estatuto de empresa privada, el usufructo de tierras y la ampliación de la inversión extranjera. Pero el Estado mantuvo una posición dominante en la propiedad, la banca, el comercio exterior y la asignación de recursos.
Las 176 medidas parecen ir un paso más allá. La diferencia puede manifestarse de la siguiente forma: Mientras que en el 2011 se trató de ampliar el mercado dentro del socialismo, en el 2026 se permite que mecanismos de mercado comiencen a determinar una parte mucho mayor del funcionamiento de la economía.
Quizás el elemento más importante de la reforma sea que el sector privado comienza a ser concebido como un componente protagónico y permanente del sistema económico y no simplemente como una actividad complementaria o tolerada.
Pero visualizo una contradicción fundamental: la reforma es muy profunda económicamente, pero no es una reforma integral del sistema.
Las medidas modifican significativamente las reglas económicas, pero no alteran el principio de dirección política del Partido Comunista ni crean todavía instituciones independientes capaces de garantizar plenamente la seguridad jurídica, la propiedad privada y la competencia económica.
Esto genera una especie de asimetría institucional: Se está intentando construir una economía mucho más orientada al mercado dentro de un sistema político que conserva prácticamente intactas sus estructuras fundamentales. Precisamente por eso algunos analistas consideran que la reforma puede ser radical desde el punto de vista económico, pero limitada desde el punto de vista institucional.
Y esto no es una preocupación con visos ideológicos. Por ejemplo, ¿Cómo dirimir una insuficiencia financiera de las empresas que puede culminar en una quiebra?. ¿Cómo resolver una disputa entre una empresa estatal y una privada, sobre todo cuando haya una competencia desleal por parte de la primera amparada en la declaración constitucional de que este tipo de empresa es el sujeto principal de la economía?. ¿Usando los mecanismos jurídicos actuales?. Entonces, ¿el Estado se convierte en juez y parte en diferendos de esas naturalezas?.
Hay otro aspecto a considerar: ¿Cuál es el alcance de esta nueva reforma?. ¿El liderazgo cubano ha finalmente entendido la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo económico o simplemente es una respuesta para administrar la crisis con el fin de ganar tiempo para continuar sosteniendo el modelo anterior?. Uno estas preguntas con otra: ¿Hay peligro de reversibilidad de la reforma?.
No descarto las dos posibles respuestas, es decir, el gobierno ha decidido modificar permanentemente el modelo de crecimiento y desarrollo, pero a la misma vez está sobre la mesa la posibilidad del uso profundo de los mecanismos de mercado para salvar el modelo existente.
Para evaluar con objetividad las posibilidades de esta dualidad, debemos contextualizar el escenario en que se produjo el anuncio de las 176 medidas.
Cuba llega a esta reforma después de varios años de fuerte deterioro productivo, escasez de divisas, inflación, crisis energética, reducción de importaciones y dificultades para atraer inversión. La economía se ha contraído fuertemente desde 2020 y el deterioro de la infraestructura energética ha convertido la recuperación económica en un problema todavía más complejo. Pero estos no son manifestaciones de una crisis cíclica, como la que puede afectar a cualquier economía. Estas son las expresiones más agudas de una crisis del modelo de desarrollo que comenzó a agotarse desde mediados de los años 80 del siglo pasado y que arrastra deficiencias estructurales históricas que no fueron resueltas ni en la época del apoyo soviético. Desde entonces, lo que el liderazgo cubano ha hecho es remendar ese modelo con la ayuda coyuntural de factores externos favorables como lo fue la ayuda de Venezuela por muchos años.
Tanto en la práctica como en el discurso público hemos visto la tozudez del liderazgo en mantener el viejo modelo de desarrollo. La apertura del país al mercado en los años 90 y las medidas anunciadas en el 2011 se hicieron porque la dirigencia cubana entendió que, en cada caso, el costo de no reformar era más alto que el hacerlo, pero en la medida que las circunstancias comenzaron a mejorar, esas reformas se frenaron. Pero ahora la situación es más difícil que en esos momentos descritos. Sobre todo, porque el gobierno cubano no tiene las reservas económicas, políticas y geopolíticas que tenía en aquellos instantes.
Por eso no podemos ignorar el hecho de que la reforma tiene un componente de supervivencia evidente, pero en su amplitud y profundidad podemos encontrar la vacuna que haga difícil su reversibilidad ya que en la medida que dichas medidas comiencen a echar raíces en el tejido socio-económico del país, su freno provocaría un costo económico enorme.
¿Cuáles son esos componentes del paquete de reformas de junio que podrían cambiar radicalmente la fisonomía del modelo de desarrollo económico y que haría muy difícil la reversibilidad de las medidas?.
Uno de los aspectos que considero que merece mayor atención en nuestro análisis es la apertura del sector privado en la banca. Una economía de mercado no funciona simplemente porque existan empresas privadas. Necesita: crédito, mercados financieros, mecanismos de pago, ahorro privado, inversión, seguros, garantías, etc.
Si realmente se desarrolla un sistema bancario privado competitivo, Cuba estaría creando una infraestructura financiera que puede permitir que el capital privado deje de depender exclusivamente del autofinanciamiento, las remesas o mecanismos informales y le daría un tremendo impulso a su desarrollo. Por eso, la apertura de la banca privada puede terminar siendo más transformadora que muchas de las restantes 175 medidas.
Otro elemento que puede convertirse en vacuna contra la posible reversibilidad es la propia concepción que se le está dando a la empresa privada. Como ya lo mencioné, hasta ahora, la empresa privada cubana había sido solamente tolerada y progresivamente ampliada. No están lejos los tiempos en que en el mismo discurso oficial el sector privado era atacado y se exhibía como “un mal necesario”. Ahora se está intentando convertirlo en un componente permanente de la estructura productiva y de servicio.
La eliminación del límite de 100 trabajadores es especialmente significativa porque permite que una empresa privada deje de ser necesariamente una pequeña unidad familiar o empresarial y pueda convertirse en una empresa de dimensiones importantes. Eso cambia cualitativamente el concepto de sector privado, ya que no solamente podríamos verlo como MIPYMES.
El otro elemento con potencialidad de vacuna son las nuevas libertades otorgadas a la inversión extranjera.
La inversión extranjera en Cuba no es nueva. Existe desde los años noventa. Lo nuevo es la posibilidad de que el capital extranjero entre directamente en empresas privadas cubanas sin tener necesariamente que estructurarse alrededor de una empresa estatal y se le permita contratar directamente la fuerza de trabajo que necesitaría para operar. Eso rompe una de las características fundamentales del modelo anterior. Y tiene una consecuencia potencial enorme: el Estado deja de ser necesariamente el intermediario entre el capital extranjero y el empresario cubano.
Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, supongamos que si en diez años existen miles de empresas privadas grandes, bancos privados, empresarios cubanos residentes en el exterior con inversión en la isla, inversión extranjera directa vinculada con el capital privado nacional, mercados de bienes, servicios y financieros bien estructurados, será muy difícil volver exactamente al modelo anterior, porque la reforma puede terminar creando una estructura económica que haga irreversible una parte importante de la apertura.
Es perfectamente posible que el Gobierno haya iniciado las reformas sin tener intención de abandonar el modelo socialista, pero la propia dinámica de las reformas termine modificándolo. Porque no podemos olvidarnos de un fenómeno que conocemos desde la economía política: las reformas crean nuevos actores económicos, y esos nuevos actores generan nuevas demandas institucionales y políticas que son difícil de ignorar.
Como conclusión a las preguntas anteriores puedo decir que, a mi modo de ver, las 176 medidas nacen fundamentalmente como una respuesta a una crisis económica extraordinaria, pero contienen elementos que pueden convertirlas en una transformación estructural del modelo económico cubano. Su carácter histórico no dependerá tanto de las 176 disposiciones en sí mismas, sino de cómo el Gobierno permitirá que esas nuevas instituciones (empresa privada, inversión extranjera, banca privada, autonomía empresarial y mercado) desarrollen suficiente libertad para convertirse en componentes permanentes del sistema.
Ahora bien, ¿significa que no hay riesgo a un intento de freno o reversión de la reforma anunciada o alguna parte de ella?. Existen precedentes en la actuación del gobierno cubano que justifica plenamente la duda.
La experiencia de la llamada «actualización del modelo» iniciada durante el gobierno de Raúl Castro es un antecedente especialmente relevante. Hubo una apertura al trabajo por cuenta propia, cooperativas, inversión extranjera, usufructo de tierras y mayor utilización de mecanismos de mercado. Sin embargo, el proceso tuvo avances, retrocesos, límites, y varias reformas quedaron por debajo de las expectativas originales.
Por tanto, la pregunta siguiente es válida: ¿Qué garantiza que, una vez superada la emergencia, el Gobierno no vuelva a restringir los mecanismos de mercado que ahora está introduciendo?. La respuesta honesta es: no existe una garantía absoluta.
Como ya había explicado, en la medida que avancen algunas de las medidas, sus efectos pueden ir transformando el tejido socio-económico del país que haga muy difícil derogar de golpe y porrazo lo establecido, sin producir efectos negativos de envergadura. Pero, puede ocurrir algo mucho más sutil.
Por ejemplo, se puede producir lo que yo llamo una ralentización administrativa. Las medidas permanecen vigentes, pero se demora su reglamentación, o no se conceden suficientes licencias, o se restringe el acceso a divisas o se dificulta el crédito, se establecen requisitos adicionales, se interpretan restrictivamente las normativas, etc.
Otra posibilidad es la reforma selectiva. Por ejemplo, el Gobierno permite empresas privadas, pero limita su tamaño; permite inversión extranjera, pero concentrada en determinados sectores, permite bancos privados, pero mantiene una fuerte regulación sobre el crédito, permite importaciones privadas, pero establece restricciones cambiarias, da autonomía a las empresas estatales, pero sin permitir que compitan en igualdad de condiciones con las privadas, etc.
Es decir, el resultado sería una economía parcialmente reformada, en la cual el Estado conservaría la capacidad de decidir dónde empieza y dónde termina el mercado.
De cualquier forma, la posibilidad de éxito del paquete de reformas anunciado en junio va a depender de la credibilidad que tenga las mismas en los mercados globales. ¿Y por qué en los mercados globales?, porque estas medidas, como la misma economía cubana, necesitan de financiamiento y dada las condiciones económicas del país, ese financiamiento solo podrá venir del exterior. Si los inversionistas foráneos no tienen la garantía absoluta que su aventura empresarial en Cuba será respetada y que puedan obtener los rendimientos esperados, no invertirán. Y la garantía se logra a través de una seguridad jurídica que no se provee solo con las leyes y decretos-leyes que se han ido promulgando. El asunto puede ir más allá: quizás se necesitaría una reforma constitucional que de garantía muchos mayores a las que están cobijadas bajo la Constitución del 2019.
La Constitución de 2019 ya abrió parcialmente esa puerta. Esto es importante porque Cuba no partiría de cero. La Constitución vigente reconoce diversas formas de propiedad, incluida la privada, y reconoce la inversión extranjera, pero al mismo tiempo mantiene la dirección socialista de la economía y el papel predominante del Estado y su sistema de empresas. Por tanto, el problema no es simplemente que la Constitución prohíba la empresa privada o la inversión extranjera. No las prohíbe. El problema es que existe una distancia considerable entre decir: «La Constitución permite la propiedad privada» y decir «La Constitución garantiza que el Estado no podrá modificar arbitrariamente las condiciones en que opera la propiedad privada.»
Son dos cosas completamente diferentes.
Por tanto, no basta con incorporar las medidas a la Constitución; habría que modificar el marco constitucional que permite actualmente al Estado mantener un margen muy amplio de intervención y discrecionalidad sobre la economía.
El otro factor que atemoriza al inversionista foráneo es el geopolítico: las presiones de Estados Unidos contra cualquier esfuerzo de relación económica con Cuba.
La variable geopolítica siempre hay que tenerla muy presente en cualquier análisis de la economía cubana. Y esto es lo que marca una gran diferencia con las continuas comparaciones que se hacen entre lo que se trata de construir en Cuba y lo que se ha construido en China y Vietnam. Siempre he pensado que es una comparación injusta porque China y Vietnam no han sido afectadas por la presencia de una superpotencia mundial que ha mantenido por 60 años un embargo inhumano que lo ha reforzado con un cerco energético que no tiene parangón en las relaciones económicas entre naciones.
Con relación entonces al factor geopolítico, surgen otras preguntas: ¿Por qué se anunció esa reforma ahora y no años atrás?. ¿Tendrá que ver con la nueva presión que Estado Unidos le puso a Cuba con el bloqueo energético y otras sanciones?
Aquí nos podemos abrir a un universo de interpretaciones.
Sería muy simplista decir que, como respuesta a las nuevas presiones norteamericanas, Cuba respondió con esa nueva reforma. ¿Por qué razón es simplista decirlo?.
Primero, porque se sabe que ese paquete de medidas no iba a revertir la intolerancia de Washington contra Cuba. Segundo, porque cuando miras la amplitud y alcance de esas 176 medidas te das cuenta de que es imposible pensar que fueron creadas de la noche a la mañana, sobre todo porque el liderazgo cubano ha sido tradicionalmente muy tímido en aplicar medidas sin medir los costos políticos de las mismas y ello es lo que ha provocado la lentitud en el diseño y aplicación de otras. Por tal razón, se puede percibir que el paquete de junio estaba ya diseñado y quizás se tenía como un plan B o plan C.
Y tercero: porque debemos distinguir entre la causa estructural de la reforma y el detonante que aceleró su lanzamiento y alcance. La crisis económica cubana no comenzó con el bloqueo energético. La necesidad de reformar el modelo era anterior a la nueva presión estadounidense. El propio Gobierno cubano venía reconociendo desde años anteriores la necesidad de transformar el funcionamiento de la economía. La diferencia es que durante años existió una enorme resistencia política a llevar esa transformación hasta sus últimas consecuencias.
Entonces, ¿qué cambió en 2026?. Cambió algo fundamental: el costo de no reformar se volvió mucho mayor. Ésta es, en mi opinión, la clave.
Antes Cuba podía mantener un modelo económicamente ineficiente porque todavía disponía de determinados mecanismos para compensar sus deficiencias: petróleo venezolano; determinados flujos de inversión; turismo; remesas; ingresos por servicios profesionales; mecanismos de endeudamiento, pero esos colchones se fueron debilitando y desapareciendo.
Y en 2026 aparece una presión adicional extraordinariamente fuerte: la restricción estadounidense sobre el suministro de petróleo y las sanciones contra entidades vinculadas con la energía y las finanzas cubanas. Por eso la crisis dejó de ser solamente una crisis económica y pasó a convertirse también en una crisis de seguridad energética.
Y aquí aparece una diferencia fundamental con 2011. Durante la «actualización» de Raúl Castro, Cuba todavía tenía un margen relativamente importante para experimentar, porque contaba con las reservas económicas, políticas y geopolíticas que ya mencioné.
Ahora la situación es diferente. El Estado necesita desesperadamente capital, producción, divisas, combustible y capacidad empresarial que no puede generar exclusivamente mediante el sector estatal. Por eso las 176 medidas son mucho más radicales. Entonces sí: la presión estadounidense probablemente aceleró la reforma.
Pero utilizo la palabra “aceleró”, no la palabra «causa». La presión externa no creó la necesidad de reformar. Pero probablemente redujo el espacio político para seguir postergando la reforma.
Cuba puede estar haciendo por necesidad lo que durante años no quiso hacer por convicción. Es decir, la crisis está obligando a convertir en política económica lo que antes era una discusión ideológica.
Pero existe otra interpretación que no debemos descartar. Podría argumentarse también que el Gobierno cubano estaba esperando precisamente una crisis suficientemente grave para justificar internamente reformas que políticamente habían sido difíciles de aceptar.
Es decir, la crisis puede haber creado la ventana política para hacer ahora lo que antes se consideraba demasiado arriesgado.
¿Por qué no se hicieron estas reformas cinco o diez años atrás?. Porque existía una combinación de: temor político, resistencia burocrática, temor ideológico, capacidad de sobrevivir sin reformar demasiado. Cuando esos cuatro elementos se debilitan simultáneamente, aparece la posibilidad de una reforma mucho más profunda.
Mi conclusión con relación al papel de la geopolítica en este tema es que la nueva presión estadounidense probablemente tiene que ver con el momento y con la profundidad de la reforma, pero no es su causa fundamental. La necesidad de reformar la economía cubana venía resonando desde mucho antes. Lo que cambió en 2026 fue la urgencia y el costo de no hacerlo.