La respuesta es sencilla: no existe. Algunos dirán que esta respuesta es falsa, porque el modelo de desarrollo de antaño continua, sin tomar en cuenta que dos de los pilares que lo sostenían colapsaron: los subsidios cobijados por la sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos y la flexibilidad financiera del Estado puertorriqueño dado su quiebra y pérdida de autonomía administrativa por la presencia de la Junta de Control Fiscal.
Otros dirán que es falsa al alegar que hay un nuevo plan, enumerando una serie de acciones de política pública que en realidad se enmarcan en el concepto de crecimiento y no en el de desarrollo o no se avienen a ninguno de los dos. Por ejemplo, recientemente escuché a un alcalde decir que está garantizando el desarrollo económico de su jurisdicción porque ha mantenido sus calles limpias. Ciertamente la limpieza es parte de los esfuerzos para mantener la salubridad y la salud es cónsona con desarrollo económico, pero si no se vincula con otros componentes esenciales del concepto, el limpiar calles por sí solo no garantiza el desarrollo.
Hagamos un poco de historia. Desde mediados del siglo pasado, Puerto Rico construyó un nuevo modelo de desarrollo económico basado en un proyecto de industrialización conocido como Mano a la Obra.
El modelo tenía como objetivo la búsqueda del desarrollo a través de la transformación de la economía agrícola en una industrial exportadora, teniendo como agente transformador el capital manufacturero norteamericano. Ante la debilidad del sector privado local, el Estado asumió el liderazgo de dicha transformación, empleando diversas palancas de atracción del capital foráneo, que combinaron incentivos contributivos con inversión en infraestructura física. Uno de esos incentivos fue la Sección 936 del Código de Rentas Internas, que permitía que las corporaciones norteamericanas con inversiones en Puerto Rico quedaban eximidas de pagar contribuciones federales sobre las ganancias obtenidas de sus operaciones en la isla.
Este modelo de desarrollo económico trajo prosperidad y modernidad y sirvió de base para el crecimiento de otros sectores como el de bienes raíces y el bancario – financiero. Pero también vino acompañado de tres tendencias negativas. La primera, fue la politización y la ampliación desmedida de las funciones del Estado. Los políticos secuestraron el Estado convirtiéndolo en una herramienta para satisfacer los intereses partidistas. Como consecuencia, ampliaron innecesariamente algunos procesos en la prestación de servicios a la población y a las empresas para justificar incrementos en la plantilla gubernamental en la cual colocaron a allegados políticos. El gigantismo estatal fue funcional también para absorber mano de obra desplazada en momentos en que el modelo de desarrollo económico comenzó a agotarse, al iniciarse la salida de industrias norteamericanas de la isla. A la misma vez, como el modelo priorizó la atracción del capital foráneo en vez de combinarlo con medidas efectivas para el fortalecimiento de las empresas locales, ello se tradujo en un mayor debilitamiento del empresariado nativo, que terminó dependiendo excesivamente del Estado para su funcionamiento.
La segunda tendencia negativa ha sido la mala gobernanza pública. Gobernanza es un concepto más amplio que el de gobierno. Se refiere a las tradiciones, instituciones y procesos que determinan el ejercicio del poder en una sociedad, incluyendo cómo se toman las decisiones en asuntos de interés público y cómo los ciudadanos participan en las decisiones a adoptar. En el caso de Puerto Rico, la mala gobernanza se ha manifestado en dos vertientes: incremento del endeudamiento y de la corrupción.
Ante la incapacidad de generar altos niveles de ingresos a partir de la actividad económica doméstica, los diferentes gobiernos apelaron regularmente al endeudamiento para garantizar la funcionalidad del Estado y del territorio. Es así como desde los años 90 el endeudamiento gubernamental se incrementó en un 72%, alcanzando una cifra estimada que supera los $70 billones dólares.
No es negativo asumir deuda para poder cumplir con los objetivos de desarrollo económico, siempre y cuando esta deuda se mantenga en un monto que no rebase la capacidad de pago del emisor y este dirigida mayormente a áreas que garanticen el crecimiento económico. No fue el caso de Puerto Rico, donde se emitió deuda en cantidades exorbitantes, que superaron la capacidad de pago del Estado, y montos no despreciables de esa deuda fue para poder garantizar los gastos corrientes del gobierno. Uno de los ejemplos que refleja el mal manejo del endeudamiento ha sido el abandono del sistema energético del país, el cual necesitaba inyección de capital para su modernización tecnológica. Al no realizarse dicha inyección, el sistema se ha convertido en uno costoso, frágil e ineficaz, tanto para el consumidor residencial como para el empresarial. Ello se traduce en constantes apagones y fluctuaciones del voltaje que afecta la vida cotidiana de los dos sectores.
Todo lo anterior comprometió la capacidad financiera del Estado al punto que no quedó más remedio que declarar, en el año 2015, la incapacidad para pagar su deuda y la entrada en un proceso de quiebra gubernamental.
La tercera tendencia negativa del modelo de desarrollo económico imperante desde los años 50 del siglo pasado es la desmedida dependencia de fondos o transferencias federales que provienen del gobierno de los Estados Unidos. Por solo poner un ejemplo: en el año 2019, año previo a la pandemia del COVID-19, el territorio recibió $14.6 billones de dólares, que representaron un 20.6% del PNB.
La cuantiosa ayuda enviada, dirigida mayormente a los individuos, ha sido un factor de desestimulo de la participación laboral de la población. La tasa de participación laboral, que es la relación entre la fuerza de trabajo y la población en edad de trabajar, se ha mantenido en rangos históricos que oscila entre 40% y 45%. Es decir, entre un 55% y un 60% de la población en edad laboral se ha mantenido alejada de los esfuerzos por crear riqueza y prosperidad para la isla, porque es una población que, en su mayoría, ha preferido vivir de los subsidios que del fruto de su trabajo.
Si tomamos en consideración las cantidades de las transferencias federales, que según el empresario y analista Manuel Morales ha sido de medio trillón de dólares desde 1980, y el flujo financiero generado como resultado de las actividades de las industrias que invirtieron bajo la Sección 936, tenemos que reconocer que la isla ha contado con un abundante financiamiento, suficiente para haber construido una economía sólida, prospera y sostenible. Sin embargo, lo que se tiene hoy en día es todo lo opuesto: una economía estructuralmente débil, que lleva más de 15 años en recesión, con un sistema energético frágil y sin observarse en el futuro inmediato algún tipo de propuesta sistémica que ponga a la economía en el carril del desarrollo.
Esta propuesta sistémica (también podemos llamarla plan o modelo de desarrollo), ¿qué variables o factores tienen que incluir?. Lo expondremos en próximas entregas.