Recientemente se celebró una audiencia del subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para analizar el trabajo y futuro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En la reunión se constató que se ha avanzado significativamente en la restructuración de la deuda de Puerto Rico, pero no así con la correspondiente a la Autoridad de Energía Eléctrica. También persisten dudas sobre la capacidad del gobierno actual de realizar un manejo responsable de las finanzas públicas. Como conclusión se determinó que la JSF continuará en su función fiscalizadora.
Para aquellos que no están familiarizados con la realidad puertorriqueña, es bueno hacer un poco de historia.
La JSF fue impuesta por Washington para supervisar el manejo de las finanzas públicas de Puerto Rico a raíz de la declaración de impagabilidad de la deuda y la consiguiente entrada del gobierno de la isla en el proceso de quiebra. Según la ley que cobija al organismo, el mismo tiene que velar porque el gobierno propicie cuatro presupuestos balanceados consecutivamente como requisito para la terminación de sus labores. En otras palabras, la última voz en el manejo del presupuesto del territorio la tiene la JSF. El gobierno no puede ejecutar ningún proyecto si no tiene la aprobación de la JSF. Es así como la JSF actúa similarmente como ha operado el Fondo Monetario Internacional (salvando ciertas diferencias) con naciones de América Latina que han necesitado de su auxilio.
La imposición de la JSF es cónsona con la condición colonial de Puerto Rico, pero aún así, ha generado y sigue generando reacciones adversas en diversos sectores sociales y políticos de la isla. Y son entendibles esas reacciones. A nadie le gusta que venga alguien de afuera a decirte como tienes que gastar tu dinero o a decidir por ti que proyecto ejecutar o cual no. Pero, cuando eres muy dependiente de los recursos de “ese de afuera” para poder funcionar, no has demostrado responsabilidad financiera en la administración de los mismos y que por esa falta de responsabilidad has caído en la quiebra, la posibilidad de actuar con autonomía es nula.
A la JSF lo que le interesa es el “cuadre de caja”, no importa por donde venga ese cuadre, aunque afecte proyectos sociales. El gobierno, por otra parte, tiene la presión de la sociedad y la que emana de su propia responsabilidad de combatir la pobreza y garantizar la calidad de la vida de su población. ¿Cómo conciliar estas dos posiciones antagónicas?: garantizando una económica bien dinámica, generadora de riqueza, en otras palabras, creciendo sostenida y sosteniblemente. En la medida que se crezca, se ampliará la base para los ingresos del fisco y con ellos el Estado tendrá una mejor posición para desarrollar proyectos económicos y sociales sin la precariedad eterna de tener que decidir cuál otro sacrificar. Se requiere, por tanto, de un plan de crecimiento y desarrollo económico, el cual no existe y del cual no se habla. Lo que a cambio nos ofrece el gobierno son amenazas de incremento de precios e impuestos como vía para aumentar las arcas públicas, alternativas que el pueblo y el sector empresarial local no están en condiciones de continuar asimilándolas.
En los rincones de Washington y en los de la isla se ha ido creando una percepción de que el actual gobierno y la clase política en general no han aprendido las lecciones derivadas de la quiebra puertorriqueña. ¿Cuáles son esas lecciones?: no se puede promover proyectos si no están identificadas sus fuentes de financiamiento; no se puede emitir deuda por encima de la capacidad de pago del Estado y no se puede actuar y vivir por encima de las posibilidades. Lo preocupante es que esta percepción se convierta en una narrativa que termine como condición para la salida de la JSF, además del requisito normado de los cuatros presupuestos balanceados. Si esto es así, y no hay una voluntad seria por parte de los políticos del territorio de derrotar la percepción, podríamos tener JSF para rato.